En el Honorable Concejo Deliberante de Punta Indio se debatió el tema sobre la formación de una cooperativa generada por la LA CTEP de Grabois y Patria Grande, una agrupación política que no defiende la toma de tierras, pero si acompaña a la gente humilde que las realiza y exige al gobierno medidas para palear la situación.

El municipio de Punta Indio le daría 30 hectáreas que estaban reservadas para la industria; y Nación aportaría 21 millones de pesos para concretar el proyecto.

Estas son algunas de las dudas que reflejaron los vecinos en las redes sociales:

¿Qué van a votar los concejales?

¿Quién defiende la propiedad publica que es de todos?

Grabois desde siempre le reclamó a la dirigencia política que reaccione ante la magnitud de la crisis económica y social por la pandemia.”¿Por qué, en vez de empujar a la gente que tome la tierra, no podemos organizar los lotes por servicio para que tengan la tierra bien? Es una locura”, planteó el dirigente, quien promueve una reforma agraria.

Y agregó: “Es más inteligente lotear la tierra, ponerle agua, luz y cloaca y decirle a la gente: ‘tomá, pagámelo a veinte años”. “Hay que tener decisión política y capacidad de planificar”, insistió.

Ayer, Grabois participó de la presentación de un anteproyecto impulsado por sindicatos y movimientos sociales que proponen destinar una partida de $750.000 millones anuales para crear 4.000.000 de puestos laborales,

Si bien aclaró que confía en la “sensibilidad social” de Fernández, el dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) apuntó contra los políticos. “Hay que ponerse a laburar y hacerlo. Tenemos más de 70 mil de viviendas sociales que no están terminadas. Hay un nivel de desidia, que no es culpa de Alberto ni de nadie. Es un problema de cultura política”, expresó.

El mes pasado, Grabois había alertado sobre el riesgo de que haya un fuerte aumento de la criminalidad y un proceso de toma de tierras si no mediaba “una intervención política”. “Me dijeron que las estaba alentando”, lamentó.

“Los pibes de los barrios se quieren ir a la mierda. No quieren vivir más así, con la contaminación y el hacinamiento. ¿Por qué no podemos repoblar el territorio, que fue arrasado por el patrón del agronegocio?”, aseguró.

Apenas Fernández decretó la cuarentena, Grabois le había acercado al Presidente una suerte de “plan Marshall” criollo que incluía consorcios populares y terrenos para los agricultores.

El mes pasado, tras una serie de casos, Diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para aumentar las penas para las personas que usurpen propiedades y terrenos privados y públicos.

La diputada nacional Adriana Cáceres, autora del proyecto, informó en su momento a LA NACION que en caso de ser aprobada, la pena de prisión para el delito de usurpación pasaría de la actual escala punitiva, que va de seis meses a tres años, a una que contemple un mínimo de un año de cárcel y un máximo de seis.

La pena aplicable sería de entre dos y ocho años de prisión si la usurpación “tiene por objeto inmuebles cuya posesión, tenencia o derecho real, sea ejercido por el Estado Nacional”, según se desprende del proyecto.