Mañana se cumplen 23 años del mayor derrame de petroleo sobre agua dulce del mundo.

El 15 de enero de 1999 era un viernes soleado y caluroso, el balneario de Magdalena se aprestaba para un lindo fin de semana. Turistas y vecinos del pueblo llegaban a refrescarse, sin percibir lo que algunos kilómetros río adentro se estaba desatando. A las dos de la tarde, en el canal de navegación intermedio, el Sea Parana, barco porta contenedores de bandera alemana, chocó con el Estrella Pampeana, un buque tanque petrolero de bandera liberiana al servicio de Shell Argentina. La colisión abrió el casco del petrolero y se derramaron 5.400 m3 en las aguas. Con el correr de los días, los vientos fueron llevando el crudo hacia la costa. Lo que era un apacible bañado con juncales, sauces y pequeñas playas se cubrió de negro.
La historia es conocida en Magdalena, incluso puede hablarse de una cicatriz color petróleo que atraviesa la memoria colectiva. No hay una mirada uniforme sobre el tema y persisten resquemores. Pasaron 23 años y el devenir judicial es demasiado complejo para resumirlo en las pocas páginas de una nota periodística. El 17 de mayo de 2009, una parte de la población participó de un plebiscito no vinculante que buscaba la aprobación de un acuerdo extrajudicial entre la Municipalidad de Magdalena y la empresa Shell CAPSA. Todo parecía encaminado para que el municipio cobrara los 9,5 millones de dólares pactados con Shell. A dos décadas del derrame y a una del acuerdo, la plata sigue sin cobrarse. Al cumplirse un aniversario redondo quisimos iluminar zonas opacas, incorporar nuevos datos y puntos de vista, en una historia que sigue abierta.

Ala Plástica junto a la Magdalena frente a la catástrofe ambiental

Pocas comunidades afectadas por desastres tuvieron a mano una organización que actuara tan rápidamente y con tanta profundidad como tuvo Magdalena. Ala Plástica, una fundación ambientalista multidisciplinaria nacida en 1991, con base en La Plata, se hizo presente en la costa magdalenense casi al mismo tiempo que la marea negra llegaba a las playas. A 48 horas del accidente sus integrantes estaban lugar afectado. Su trabajo de investigación, documentación y denuncia fue fundamental para sustanciar las causas y movilizar a la opinión pública.
 “A quienes recuerdo mucho es a la gente de Ala Plástica, con el tiempo uno reconoce que es la que más hizo por el tema. Equivocados o no, ellos estuvieron siempre y tienen el panorama más aproximado a la realidad de lo que pasó”, señaló a Urbano el ex intendente Juan Oscar “El Vasco” Sibetti, en la entrevista que mantuvimos en su casa de Bavio.

Precisamente Alejandro Meitin, uno de los fundadores de Ala Plástica, nos recibió en su casa-taller de Punta Lara y nos contó la historia de la fundación que, hoy inactiva, desarrolló durante 15 años la mayor investigación sobre las consecuencias del desastre. “Cuando nos enteramos del derrame, el 17 de enero, nos aparecimos en la costa, estaba la Playa Nueva invadida por laburantes de limpieza contratados por Shell y también algunos medios de prensa. Quisimos entrar a la costa y los de Shell no nos dejaban pasar. Te dejaban llegar hasta un lugar, donde también estaban los periodistas, para hablar con un ingeniero de Shell que decía que estaba todo controlado. Empezamos a buscar la forma de ingresar, para ver qué estaba pasando. Era un equipo en el que estaban Rafael Santos, que era también de Ala Plástica; Jorge Williams, zoologo; Matilde Zuccaro, bióloga y experta en plantas nativas; Marcelo Miranda, que es biólogo y conoce las costas del Río de la Plata como pocos. Entonces nos fuimos hasta el Regimiento de Tanques y pedimos permiso para entrar al arroyo Juan Blanco, donde empieza la zona de Reserva de Biósfera. Fuimos por el arroyo hasta la costa y ahí encontramos la primer ave empetrolada, en la zona de reserva. Ahí aparece la evidencia de que el derrame era más grande de lo que Shell decía. Hicimos estudios recorriendo toda la costa, hablando con la gente, con fotos satelitales, con imágenes de fotometría aérea, demostramos que el petróleo había entrado varios kilómetros en la reserva. Convocamos a la gente del Zoológico de La Plata, vinieron con camiones y empezaron a rescatar fauna empetrolada para atenderla. Ahí es cuando los medios de prensa nos empiezan a consultar a nosotros, a pedir los informes que íbamos elaborando”.
“Enseguida, Shell había armado un comité de contingencia en el que tenían a la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia, a la Prefectura Naval y a la Municipalidad adentro” prosigue Meitin. “Cuando se empieza a poner la cosa espesa y nosotros empezamos a evidenciar que la situación no era como Shell mostraba, el municipio de Magdalena se aparta del comité de contingencia. Y eso fue algo muy importante: que un pequeño municipio local, ya no participara del comité de contingencia dominado por Shell, que se sume al trabajo de una organización no gubernamental y empezara a trabajar de la otra vereda, debilitaba muchísimo la posición de la empresa”.
Sibetti recuerda también aquel momento: “Acabábamos de renovar el asfalto del acceso. Se estaba viviendo un momento económico muy difícil y una de las cosas que nos apareció como potable era potenciar el balneario, conseguimos la financiación de la provincia y se hizo el asfalto nuevo. Lo habremos inaugurado el 23 de diciembre y el 15 de enero se produce el derrame maldito, toda la costa quedó dañada, con el petróleo entrando por los arroyos, los humedales. Hay secuencias de imágenes que muestran cómo estaba la costa, cómo se sacaba el petróleo, con qué recursos tristísimos, a balde, a lampazo, así se fue limpiando. Yo nunca estuve conforme con Shell, jamás. Jugaron muy mal”.

Alejandro Meitin conserva toda la documentación del caso, además de una memoria detallada de todos los hechos: “El impacto había llegado a la zona de reserva de biósfera, toma intervención el Instituto de Geografía de la FFYL-UBA, llega un representante del programa de la Unesco de reservas de MAB al que pertenece la reserva de Magdalena. El tema empieza a tener relevancia internacional, empiezan a aparecer los medios holandeses. De ser un tema en un pueblito en las afueras de Buenos Aires, que no era nada, que Shell lo iba a limpiar, de repente alcanza una escala global. Eso fue muy importante, porque demostró como una pequeña organización con cierta mirada, trabajando con un municipio local, puede conformar una fuerza para que el tema llegue a una escala mayor. Nosotros tenemos un archivo muy extenso, fotos, videos, todo lo que dijo Shell, lo que salió en los medios, además de todo el material que íbamos produciendo. Con el caso Shell hicimos varias exhibiciones y presentaciones del caso en varias partes del mundo. Fuimos a Holanda, al Parlamento Europeo. Difundimos mucho el tema y creo que esa era la línea a seguir para que Shell se responsabilizara. Lo que nunca hicimos fue entrar como querellantes, no queríamos tener que ver con ningún tipo de resarcimiento económico, sino con un cambio en las lógicas de las corporaciones. Todo nuestro material fue brindado a los abogados y presentado en la justicia”.

El inicio del derrotero en la Justicia

La historia de las demandas judiciales a Shell CAPSA, tanto por parte del Municipio, como por parte de particulares damnificados es compleja de entender y difícil de resumir. En esta nota nos concentraremos en los juicios que tuvieron al municipio como parte querellante, dejando de lado por cuestiones de extensión, las cerca de 500 presentaciones de particulares por los daños sufridos en el derrame.
Cuando la Municipalidad abandona el comité de contingencia conformado por Shell a poco de producirse la catástrofe, se decide la vía judicial para lograr la reparación de los daños causados. “Juan José Aranguren, entonces directivo de la Shell, quería que le firmara un documento donde aceptaba que ya estaba todo solucionado. Yo lo había ido a ver a su despacho, me dijo que iban a pagar por el daño. Pero nada de eso sucedió. Me negué a firmar y decidí iniciar un juicio a Shell”, relató el ex intendente Sibetti. “Contactamos al Dr. Carlos Daniel Silva, para que nos represente. Silva fue una sugerencia de Freddy Storani. Tuvimos dos o tres reuniones y se suscribió el compromiso. Estoy totalmente conforme con el desempeño de Silva en todos estos años”.
Muchas fueron las acciones que trataron de movilizar la causa y una fue comprar una acción de Shell para poder intervenir en la asamblea de accionistas. Recuerda Sibetti: “En un momento me sugiere otro abogado que también estuvo preocupado por el tema de la costa, que compre una acción de Shell. Silva lo vio bien y la compramos, no sirvió de mucho pero era otra herramienta para lograr visibilidad del tema. También estuvimos con la Reina Máxima de Holanda, que nos recibió en su casa familiar de Capital Federal, fuimos un grupo importante, referentes políticos y sociales de Magdalena, pero sin resultados”.
El 26 de febrero de 1999, la Municipalidad de Magdalena radicó su denuncia en la Justicia Civil y Comercial Federal de La Plata. Silva detalló a Revista Urbano que las acciones legales iniciadas entonces tenían tres vías: “la reparación de daños ambientales, la protección del medio ambiente y la disposición de residuos peligrosos”.
En noviembre de 2002, Julio César Miralles, a cargo del Juzgado Federal N°4 de La Plata, condenó a Shell por un valor de u$s 35.000.000 en la causa “Municipalidad de Magdalena c/ Shell Capsa y otros s/ disposición de residuos peligrosos”. Silva declaró en ese momento a la prensa: “Esta es la demanda ambiental más importante que se ha resuelto en la historia argentina”. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal de La Plata, confirmó la sentencia en diciembre de 2003.
Shell apeló e hizo planteos sobre la competencia de los tribunales intervinientes. El conflicto de competencia, una batalla judicial que se desarrollaba en paralelo, demandó años y un desgaste importante para los recursos de un pequeño municipio frente a una de las mayores empresas del mundo. Así la causa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que decidió en mayo del 2007 que el caso competía a los juzgados federales de la Capital, por lo que la causa pasó al Juzgado Federal Civil N°3 de la CABA, a cargo de Roberto Torti. Se debían juzgar nuevamente los actos procesales llevados a cabo por los jueces anteriores, que fueron declarados incompetentes. Todo casi volvía a empezar.

Un Estado ausente, un presidente aún más

La Provincia de Buenos Aires, no formuló ningún reclamo legal por el enorme daño causado al Río de la Plata. El entonces gobernador Eduardo Duhalde se hizo presente en la zona del desastre. “Recorrió en helicóptero y aterrizó en un campo cercano al balneario, estuvo, nada más, la Provincia no intervino”, recuerda “El Vasco” Sibetti.

Otro tanto sucedió con la Nación, al momento del derrame el presidente era Carlos Saúl Menem y su secretaria de Medio Ambiente, María Julia Alsogaray, de ellos poco se podía esperar. Sin embargo, un subordinado de María Julia, Mario de Marco Naón, presidente del Instituto Nacional del Agua y del Ambiente, autorizó el pago de las pericias necesarias, que de otra manera hubieran corrido a cargo del municipio. Es posible que Naón haya autorizado generoso pago por las mismas, ya que poco tiempo después fue investigado por un fastuoso casamiento en Alaska, al que los invitados fueron llevados en vuelo privado y alojados en hoteles de lujo. El hermano de su esposa, un tal Mike Pollen, fue señalado como titular de una empresa de estudios hídricos que tenía sede en ese territorio estadounidense y a la que se vinculó con el peritaje en Magdalena. Más allá de esa asistencia para los peritajes, el Estado nacional nunca se involucró.
Si el triunfo de la Alianza a fines de 1999 y la llegada de Fernando De la Rúa al sillón de Rivadavia, trajo alguna esperanza al “Vasco” Sibetti, ésta no duró mucho. “Tenía una excelente relación con De la Rúa cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad. Vino en varias oportunidades a Magdalena y otras tantas me recibió en su oficina, teníamos una relación de diez. Yo me jactaba de tener amistad personal con él. Pero cuando asume la presidencia varias veces quise entrevistarlo -para hablar del tema Shell, entre otras cosas – y nunca pude. Hasta que en una oportunidad, a través de un senador nuestro -¡mire si yo tenía que llegar a eso con la relación que teníamos!-, consigo una entrevista. Voy a la Rosada, me hacen pasar a la secretaría privada, pasaron como 50 minutos y yo seguía sentado como un estúpido. Entonces le digo a la secretaria, “mire, me dijeron que estuviera acá a las 9.30”, ahí serían ya las 10.30. La secretaria me dice, espere un momentito que voy a hablar con el doctor. Cuando regresa, me dice “lamento tener que decirle que el doctor De la Rúa atiende intendentes, pero sólo a intendentes que administran comunidades de más de 60 mil habitantes”. Entre eso y una patada bien dada no sé qué hubiera preferido. Me sentí muy mal. De la Rúa había estado en mi casa, habíamos compartido reuniones partidarias, cenas privadas. Luego del derrame nunca me quiso recibir, no sé si tuvo que ver Shell, pero la duda quién me la saca”.
Carlos Daniel Silva, sostiene que Magdalena debió enfrentar en soledad un proceso lleno de dificultades. Además de la lentitud de la Justicia, “el sistema judicial es antiguo y no está preparado para las urgencias”, señaló el abogado a Revista Urbano.
A diferencia de la catástrofe del Prestige, en 2002 frente a las costas de Galicia, los damnificados de Magdalena no tuvieron el amparo que en España dio el Real Decreto que disponía el pago de compensaciones de los daños ocasionados por el accidente. Tampoco se creó un Fondo de recomposición. Mucho menos algo parecido al fondo de garantía de U$S 20.000.000.000 que constituyera la British Petroleum, para indemnizar los daños que causó la explosión de la plataforma Deepwater Horizon en el golfo de México. Esos ejemplos son posteriores al derrame, pero hubo otros fondos anteriores para indemnizar los daños ambientales que podían haberse imitado si el Estado nacional y la Provincia de Buenos Aires no hubieran estado ausentes.

Acuerdo y plebiscito

En las elecciones de 2003 resulta electo intendente Fernando Carballo. El fallo de la Corte Suprema en 2007 fue un duro golpe, obligó en cierta manera a un cambio táctica legal para lograr el resarcimiento por parte de Shell. En 2009, al cumplirse 10 años del derrame se logra un principio de acuerdo extrajudicial, en el mismo la empresa Shell se comprometía a desembolsar a 9,5 millones de dólares. El acuerdo establecía que Shell no tenía ninguna responsabilidad por el daño ambiental y que la municipalidad desistiría de las acciones legales contra la empresa. El acuerdo establecía unos honorarios legales de 1,5 millones, también a cargo de la petrolera. El texto acordado a su vez sería llevado a una consulta popular –plebiscito- no vinculante y debía ser aprobado por el Concejo Deliberante.

Las posiciones en torno al acuerdo no fueron unánimes. El cuestionamiento desde Ala Plástica tenía que ver con la manera en que Shell quedaba exenta de toda responsabilidad, es más, parecía quedar como benefactora de Magdalena, además lo consideraban inconstitucional. Así lo cuenta Alejandro Meitin: “En 2009, a los 10 años del derrame, hicimos un Informe de Seguimiento del Impacto del Derrame, con expertos de la Universidad de la República de Uruguay, de la Universidad de La Plata. Ese informe, en el que se utilizaron Sistemas de Información Geográfica, daba cuenta que a 10 años del derrame todavía estaba presente el daño. Entonces, el acuerdo que Shell quería firmar con el municipio no era válido porque no puede haber un arreglo entre partes en tanto y en cuanto, según la Constitución Nacional, el daño al ambiente no estuviera subsanado. Con ese informe demostramos que el acuerdo era inválido porque el ambiente seguía dañado”.
El entonces militante radical, Gonzalo Peluso, fue otro de los activos opositores: “Mario Stoermann, Lisandro Hourcade y yo somos los únicos dirigentes que nos opusimos al acuerdo, que era vergonzoso por varias razones. Las empresas que cotizan en la Bolsa, los juicios que tienen en expectativa, sin resolver, afectan sus acciones y pueden hacer bajar su valor. Una vez que se firmó el acuerdo, a Shell no le importó más el destino de la causa. Con ese arreglo extrajudicial le habían quitado el riesgo a sus acciones. No se materializó el pago pero el acuerdo está firmado, donde la municipalidad resigna sus aspiraciones de seguir con el litigio y donde hay un artículo que dice que Magdalena le reconoce a Shell que no produjo daño ambiental”.
Para la oposición el tema no era tanto las condiciones del acuerdo, sino el monto: “Si el acuerdo hubiera sido por una cifra razonable, la cláusula 2ª, donde dice que el municipio reconoce que no hay daño ambiental habría quedado igual. Si vamos a lo estrictamente formal, el acuerdo se debe hacer así para que sea válido. No se puede hacer un acuerdo extrajudicial sin reconocer explícitamente que la otra parte no me produjo daño. El problema era el monto. Si el acuerdo hubiese sido por una cifra razonable, 50, 60, 70 millones de dólares, yo no hubiera estado en contra del acuerdo”, aclara el actual intendente Peluso.

El intendente Fernando Carballo sostenía las atendibles razones del tiempo transcurrido desde el derrame, la desigual relación de fuerzas con la Shell, la soledad en la que accionaba el municipio. La Corte Suprema de Justicia también había dado muestra de cierta parcialidad al anular las instancias en las que Magdalena había ganado, por otra parte el fuero en los que ahora se sustanciaba la causa eran territorio más que conocido por Shell, donde tenía otras causas y amigos, lo que presagiaba otros sinsabores para Magdalena.
El “Vasco” Sibetti también dio su visto bueno al acuerdo, quizás resignado a aceptar el arreglo luego de tantos años y disgustos. “Carballo me convocó a una reunión acá en Bavio y firmé el apoyo”.
Una gran parte de la población de Magdalena veía el conflicto como algo ajeno, tanto como ven ajeno al río, y consideraba positivo cualquier arreglo económico para el municipio.

Votar Sí, votar No

El acuerdo con Shell, para rubricarse definitivamente, debía contar con mecanismos de legitimación popular e institucional, así se llegó al plebiscito del 17 de mayo de 2009.
“Nosotros en ese momento nos opusimos e intentamos salir en todos los medios, pero el único que nos dio espacio fue Leo Mudano en su programa de radio. Las demás radios, compradas por el Estado municipal con la pauta oficial, nos cerraron el aire y no pudimos expresarnos. Lo mismo con los otros medios, hay un periódico que tengo guardado que vergonzosamente para el periodismo tituló “Nosotros ya decidimos”, influenciando a la gente y poniéndose en representante de todos. Tengo un suplemento del diario El Día de La Plata, donde el ex secretario de Gobierno decía lo que se iba a hacer con la plata. Las boletas del plebiscito también eran tendenciosas. Decían “Sí” o “No”, “al Parque Industrial, al Plan de Desarrollo Turístico, a la Planta de Tratamiento de Residuos”; no era así, porque lo que se estaba decidiendo era otra cosa. Además, si se hubieran querido hacer las cosas bien, el plebiscito no tendría que haber sido el 17 de mayo cuando el 28 de junio había elecciones generales y se garantizaba que el 100% de los votantes tuvieran oportunidad de decidir. Se desdobló a propósito, en ese momento el padrón era de 12.000 votantes y votaron 3.000 personas. Pueden decir que el 77% de los votantes lo hizo a favor del acuerdo, pero fue el 77% del 25% del padrón”, apunta Peluso.
Para el abogado Daniel Silva, representante legal del municipio en el litigio con Shell, el plebiscito significó “un hecho democrático y participativo inédito” que le dio legitimidad popular al “único acuerdo posible al que se podía llegar”. Una “legitimidad que además fue refrendada por la enorme mayoría de los concejales”.
Efectivamente el Concejo Deliberante con los votos del oficialismo y de la mayor parte de la oposición, refrendó el acuerdo a los pocos días del plebiscito.

Una demanda incómoda

Para que el desembolso se produjera, la justicia debía homologar el acuerdo sin ninguna interposición legal. Un ciudadano magdalenense hizo una presentación como particular damnificado, con el propósito de invalidar el mismo. Se trató de Leonardo Fediuk, patrocinado por el abogado Mariano J. Aguilar, de la Asociación de Abogados Ambientalistas de la Patagonia.
“Tenemos un desastre ambiental cuyos efectos persisten y existe una Ley de Medio Ambiente que es de orden público, lo que significa que está por encima de cualquier arreglo entre partes. Por eso, aun cuando hayan querido convalidarlo con un plebiscito popular, el acuerdo entre el Municipio y Shell carece de toda validez”, sostuvo Fediuk al momento de la presentación.
Si al momento de la presentación la postura de Fediuk era acorde a la del grupo opositor al acuerdo, el paso de los años y la demora en la Justicia lo ubicó en un lugar de soledad, tanto que hoy pareciera no querer hablar del asunto, ya que intentamos contactarlo, sin suerte. El abogado Mariano Aguilar, en diálogo con Revista Urbano, señaló que el acuerdo “viola la normativa ambiental, interpusimos la medida porque no se hicieron bien las cosas”. “El acuerdo es nulo. Es una suerte de donación que hace la Shell y no se reconoce su responsabilidad. No hubo un juicio debidamente llevado, no se debatió nada. Hubo medidas cautelares por 85 millones de dólares y de repente se arregló por 9 millones”.
Para Daniel Silva, la presentación de Aguilar patrocinando a Fediuk “tiene un olor raro, que demoró 10 años la resolución de un acuerdo que había sido apoyado por toda la comunidad. No sé por Fediuk, pero por Aguilar lo justifico más que nada por intereses económicos”.
“Había gente que no le importaba el daño al ambiente, quería resolver el asunto y cobrar la plata que Shell ofrecía para quedar impune. Leo Fediuk se presentó en la causa como particular damnificado basándose en la defensa de lo que se conoce como intereses difusos, cualquier ciudadano frente a un daño ambiental de magnitud puede ser querellante”, sostiene Alejandro Meitin.
“Si el monto hubiera sido otro, creo que Leonardo Fediuk tampoco hubiera impugnado el acuerdo, porque más allá de que pasaran por arriba de todo el derecho ambiental, lo que más molestó fue la cifra. La posición de Fediuk no es reprochable, defendió los intereses de los vecinos de Magdalena. Leo hizo todo lo que hizo sin ningún interés personal, él no sacaba ninguna ganancia, de hecho invirtió tiempo, dinero, mala sangre. Fue señalado por la calle por el gobierno anterior, que con todo su poder a todo el que pensaba distinto lo acusaba y decía que estaba en contra del progreso y demás”, consideró Peluso.
La impugnación presentada por Aguilar y Fediuk fue rechazada por la Justicia en 2016 y hasta ahora no se tiene conocimiento de apelación a este rechazo, lo que allanaría en parte la homologación del acuerdo.

El acuerdo, una decisión de Estado

En 2015 llega a la intendencia Gonzalo Peluso. “Mi primera gestión como intendente electo fue viajar a Buenos Aires para entrevistar al abogado Diego Botana, en el estudio jurídico donde él trabaja, que es internacionalmente conocido. Fuimos para tener otra mirada y saber dónde estábamos parados. Nos explicaron que ya había un acuerdo firmado y que más allá de las personas que hubieran firmado, había una continuidad del Estado. El gobierno anterior lo había hecho en representación legítima del Estado. No me queda otra opción que aceptar ese acuerdo y generar los mecanismos para que el dinero se pague”.

¿Y ahora qué pasa?

Peluso detalla la situación actual: “En la última instancia judicial que fue en noviembre de 2018, el juez hace un proveído que dice que para dictaminar si homologa el acuerdo necesita un informe del Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable. Lo que ahora contestó OPDS es que el informe pertinente lo enviaron en 2009, para la causa Albornoz vs Shell, que es una de las causas de los demandantes particulares que no quisieron acordar con Shell. OPDS da como válido el informe de hace 10 años, que dice que el ambiente se está regenerando y logrando un nuevo equilibrio, que es una de las condiciones de validez del acuerdo. Hará 20 días, un perito enviado por el juez se reunió conmigo luego de hacer un relevamiento de fauna, desde Pearson hasta La Balandra. Quería saber si nosotros teníamos un registro de fauna autóctona, a lo que le contesté que a nivel de Magdalena no, pero sí a nivel provincial y nacional”.
“En teoría empezarían a estar los elementos para que se autorice el acuerdo, pero en el medio cambió el juez, que se jubiló, que se llamaba Torti. Ahora hay un juez subrogante que es quien en este momento está a cargo, si bien la secretaria es la misma que estuvo durante estos años, el juzgado no tiene un juez designado”.
“Otra cosa que cambió fue en el medio fue Código Civil, ahora no hace falta que un acuerdo extrajudicial sea homologado un juez para tener validez. Podemos pedir la puesta en práctica del convenio, que significaría el traspaso de los fondos en la cuenta donde están depositados al tesoro municipal”, concluyó el intendente de Magdalena.
Daniel Silva, con conocimiento de causa, señala que “los plazos procesales son difíciles de establecer. Yo soy uno de los que más quiere que este tema se cierre, son 20 años, encanecí y sumé kilos siguiendo estos expedientes”.
Además de Magdalena, que todavía espera reparación, quizás la más perjudicada en todo esto haya sido esa señora de ojos vendados, que porta una libra y una espada, cuya toga ya está demasiado empetrolada.

Nota publicada en edición impresa revista Urbano de mayo 2019