La fiscalía de juicio pidió penas de entre 2 y 15 años de prisión para los 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense que son juzgados en La Plata por la muerte de 33 presos durante un incendio ocurrido en 2005 en la cárcel de Magdalena.
El pedido lo formuló durante su alegato la fiscal Florencia Budiño quien imputó a 15 de los 17 penitenciarios juzgados del delito de “abandono de persona seguido de lesiones y muerte” mientras que al Director del Penal y al ex jefe de seguridad les imputaron “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.
Ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 5 de La Plata, que integran los jueces Carmen Palacio Arias, Ezequiel Medrano y María Isabel Martiarena, la fiscal tuvo en cuenta la antigüedad, jerarquía y el rol que ocupaba cada penitenciario la noche del incendio.
Por ello, pidió 15 años de prisión para Raimundo Fernández (secretario del penal) y María del Rosario Roma (segunda jefa de guardia de seguridad exterior) y 12 para Jorge Martí (encargado de turno) que fueron quienes dispararon balas de goma contra los reclusos amotinados.
Además solicitó 11 años para Gualberto Molina y Gonzalo Pérez; 10 para Carlos Bustos, Rubén Montes de Oca y Juan Santamaría y 8 para Marcelo Valdivieso, Juan Zacheo, Juan César Romano, Marcos Sánchez, Eduardo Villarreal, Maximiliano Morcella y Mauricio Giannobile.
Como agravante, merituó la pluralidad de las víctimas, la modalidad en la que se produjo la muerte “que se traduce en su agonía porque según la autopsia presentaban quemadura y negro de humo en las vías respiratorias”.
También fundamentó en el “peculiar estado de vulnerabilidad de las víctimas en este caso por la condición de encierro corporal en la que sus posibilidades de autoprotección se ven disminuidas y pasan a estar bajo el control absoluto del Estado”.
Además citó la extensión del daño que provocó a las familias que perdieron a sus seres queridos y que se proyectó también al resto de los detenidos de acuerdo a los testimonios que se escucharon en el juicio.
Para Budiño, también hay que tener en cuenta que el trágico incendio ocurrió “en vísperas del día de la Madre” por lo que había muchos familiares fuera del penal esperando la visita y que “debieron soportar este caos”.
En su alegato detalló que el incendio se inició “tras la pelea de dos internos en el Pabellón Dieciséis que provocaron que un grupo de penitenciarios ingresara con escopetas e hicieran disparos intimidatorios”.
Precisó que, de acuerdo a testigos, “muchos internos debieron tirarse al piso para evitar recibir disparos, y que un interno decidió iniciar un incendio para hacer cesar los disparos”.
“En ese momento, los agentes se replegaron y cerraron la puerta. El humo invadió el pabellón. Había una sola vía de escape y no pudieron salir porque nadie abrió la puerta de chapa ni la de rejas”, advirtió.
Para Budiño, los penitenciarios “abandonaron a los internos con las puertas cerradas cuando había aún focos ígneos y tuvieron que ser los propios internos del Pabellón 15 los que intentaron abrir las puertas para ayudar a sus compañeros”.
“Fueron los propios internos los que ayudaron con baldes de agua e ingresando con mantas mojadas a intentar rescatar a sus compañeros. Quedó probado que el fuego se autoextinguió y que se demoró en llamar a los bomberos”, puntualizó.
Para la fiscal, en las audiencias “quedó demostrado que los agentes del servicio penitenciario no abrieron las puertas pudiendo haberlo hecho y abandonaron a los internos a su suerte y como consecuencia de eso se produjeron los fallecimientos por inhalación de humo y gases tóxicos”.
“Los testigos relataron que les pidieron a los penitenciarios que los saquen porque se estaban muriendo. En diez minutos rompieron un candado de la puerta de adelante para asistir a sus compañeros mientras que los agentes tardaron veinte minutos en entrar”, sostuvo.
Además explicó que de acuerdo a los testimonios cuando los internos constataron que sus compañeros estaban muertos “los penitenciarios solamente los miraban y los custodiaban con escopetas para que no se escaparan, siendo ellos quienes retiraban los cuerpos del lugar”.
Luego del alegato de Budiño, fue el turno de la fiscal Victoria Huergo quien pidió 5 años de prisión para el entonces director de la unidad, Daniel Oscar Tejeda y dos años y cuatro meses para el ex jefe de seguridad exterior, Cristian Alberto Núñez, a quienes les imputó “homicidio culposo agravado por la cantidad de víctimas”.
“Son actores responsables de los hechos. Mandar no es sólo ordenar sino fiscalizar y no se pueden desentender de los problemas”, dijo la fiscal al citar las graves falencias que tenía la unidad penitenciaria entre las que citó fallas estructurales y la falta de matafuegos.
Fuente: Diario El Día
