A 23 años del mayor derrame petrolero en agua dulce, señalan que no se homologó el Acuerdo firmado en 2009 por 9,5 millones de dólares. Apuntan contra Mariano Aguilar, representante de un vecino de Magdalena.
Siguen pasando los años y Magdalena sigue sin cobrar la -desde un inicio- irrisoria suma en resarcimiento por el impacto ambiental del derrame de petróleo en nuestras costas. En su momento, se había realizado un Acuerdo por 9,5 millones de dólares, una cifra muy inferior a lo que las multinacionales han debido abonar ante desastres similares.
Esta mañana, el portal Infobae publicó un extenso artículo sobre la situación actual, que compartimos a continuación:
A 23 años del derrame petrolero frente a la ciudad de Magdalena, el único que hubo en Argentina y el mayor en aguas dulces en la historia mundial, aún no se concretó la reparación económica acordada entre el Ejecutivo de ese distrito bonaerense y la empresa Shell, propietaria del buque petrolero que colisionó con otro barco que llevaba contenedores en el Río de la Plata.
Diez años después de ese desastre ambiental, en marzo de 2009, se firmó un Acuerdo por USD 9,5 millones para ponerle un punto final al reclamo del Municipio. El texto incluyó una cláusula que decía no implicar “el reconocimiento de responsabilidad alguna” por parte de las demandadas, Shell y la empresa responsable por el otro buque que intervino en el choque. El Acuerdo fue sometido ese mismo año a un plebiscito popular que obtuvo el 77% de apoyo, y luego fue aprobado por el Concejo Deliberante local por unanimidad de todas las fuerzas. Pasaron tres intendentes de distinto color político al frente de la gestión local y, en la actualidad, ya no existen daños ambientales por el derrame de los 5 millones de litros de petróleo que afectaron en su momento la fauna, la flora, el agua, las explotaciones comerciales y a los habitantes de la zona, básicamente debido al tiempo transcurrido Así lo confirmaron distintas pericias oficiales y del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), máxima autoridad ambiental de la Provincia de Buenos Aires.
Pero la Justicia aún no aprobó la homologación de ese Acuerdo, requisito necesario para que el Municipio cobre finalmente la reparación económica por parte de Shell. Si bien el monto pautado es irrisorio respecto de indemnizaciones pagadas en el mundo por eventos similares, desde el Ejecutivo municipal señalaron a Infobae que permitiría hacer un acueducto y obras de cloacas pendientes y, por ejemplo, montar una única de terapia intensiva en el único hospital que tiene Magdalena.
El expediente está en el Juzgado Civil y Comercial Federal Nro. 3 de la Capital Federal, a cargo de Juan Rafael Stinco, un magistrado designado por Alberto Fernández en marzo del 2021. Con antecedentes como abogado en el sector privado, en el segundo mandato de Cristina Kirchner se desempeñó como asesor jurídico en YPF bajo la gestión de Axel Kicillof y, posteriormente, en la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar).
Pese a que el Acuerdo entre Magdalena y Shell lleva 13 años firmado, y en la causa no hay desde el año pasado más recursos por resolver, Stinco aún no lo homologó. A partir de esta demora, el abogado de ese Municipio deslizó la sospecha de un pedido de coima, bajo el cobro de honorarios, por parte de un letrado al que señaló como posible “intermediario” para “destrabar” la homologación judicial.
En diálogo con Infobae, Daniel Silva sugirió incluso que podría haber una posible “connivencia” entre ese abogado – Mariano Aguilar – que patrocina a un vecino de Magdalena invocando derechos colectivos de la comunidad, y el juez. “Ambos son profesores de Derecho Ambiental en la Universidad de Belgrano”, señaló Silva, como argumento sobre un conocimiento previo entre ellos. Sus especulaciones quedaron plasmadas en dos escritos, no exentos de suspicacias, que presentó en el Juzgado a cargo del propio Stinco el mes pasado. La hipótesis de Silva fue compartida por, al menos, otro abogado que interviene en el expediente ante la consulta de este medio, y que pidió mantener su nombre en reserva.
Aguilar desmintió rotundamente que estuviera “buscando resolver” el tema de sus honorarios, y que estos estuvieran vinculados a la demora en la homologación judicial del Acuerdo. El abogado, con una larga trayectoria en temas ambientales, también le dijo a Infobae “no conocer” al juez Stinco, pese a coincidir en la docencia en el posgrado de Derecho Ambiental de la UB. Este medio intentó infructuosamente hablar con el magistrado reiteradas veces el viernes último, pero Stinco no respondió los mensajes dejados a través de su secretaria en el Juzgado.
Fediuk fue aceptado en el expediente por la Justicia y, con el patrocinio de Aguilar, pidió la nulidad del acuerdo por considerar que el monto de reparación estaba “muy alejado de los valores reales” y de la demanda original del Municipio ($95 millones que, en ese momento, eran equivalentes a dólares), y que no estaba debidamente detallado el destino que se le iba a dar al dinero una vez ingresado a las arcas municipales. También que debía aplicarse la Ley General de Ambiente, sancionada en 2002, siete años antes de la firma del Acuerdo, que – según Aguilar – “no se tuvo en cuenta” en el Acuerdo, ya que no se reconoció la responsabilidad de Shell por el derrame.
Como letrado de Fediuk, Aguilar pidió una serie de pericias que, por el paso de los años y la lentitud del proceso judicial, concluyeron que ya no había daño en la costa del río frente a Magdalena. Por este motivo, tanto la Justicia de primera instancia, como la Cámara federal le denegaron el pedido de nulidad, con costas a su cargo.
Audiencia bajo sospecha
En su resolución, además de rechazar el pedido de Fediuk, la Cámara le dijo al juez que pida un nuevo estudio ambiental. Con este último informe ya incorporado a la causa, el juez Stinco convocó a una audiencia de conciliación. La reunión se desarrolló en el edificio del Consejo de la Magistratura de la Nación, el 25 de agosto del año pasado.
“Estuvimos esperando largo rato en el pasillo, junto a los otros abogados, y el juez apareció finalmente acompañado por Aguilar y Fediuk, que ya no debían ser parte en el expediente a esa altura, algo que me llamó poderosamente la atención. Porque el rey, además de ser honesto, tiene que parecerlo. El juez nos dijo que teníamos que hablar con Aguilar y ver de analizar nuevamente los términos del Acuerdo”, le dijo el letrado del Municipio de Magdalena a Infobae. “Me sorprendió el lugar que le dio. Lo sentó en la mesa de negociación, cuando ya no tenía que darle intervención en el expediente porque la Cámara le rechazó su pedido de nulidad y confirmó que no hay daño ambiental. Lo hizo a sabiendas que, con solo cambiar una coma o una palabra de un texto que ya había pasado por un plebiscito y por el Concejo Deliberante, era necesario volver a fojas cero”, recordó Silva.
Otro de los presentes en la audiencia – quien pidió reserva de su nombre – confirmó que el magistrado ingresó a la sala de reuniones junto con Aguilar y su patrocinado. “Stinco dijo que se debía especificar mejor el destino de los fondos, algo que escapa a su competencia ya que es decisión del Ejecutivo municipal, y Aguilar apoyó los argumentos del juez. Yo lo interpreté como una maniobra de dilación”, señaló. Otro participante de esa reunión – que también solicitó preservar su identidad – coincidió en el relato y opinó que “todo tuvo el aspecto de una maniobra tendiente a forzar una situación”.
Según le aseguró Silva a Infobae, luego de esa audiencia de conciliación, Aguilar le habría hecho “un pedido” al que calificó de “impropio y desmedido” a través de una serie de mensajes de Whatsapp. “Cuándo le pregunté si iba a dar su aprobación al Acuerdo, me dijo que primero quería ver cómo cobrar sus honorarios, que eran del orden de entre el 15% y el 18% del monto total. Estamos hablando de un abogado de un incidentista en la causa que, además de haber perdido en su pretensión de anular el Acuerdo, la Cámara lo condenó en costas en contra de su propio cliente, y ahora estaba pidiendo cobrar un millón de dólares”, afirmó el abogado de Magdalena.
Esos mensajes – algunos de los cuales le exhibió a este medio – motivaron una presentación de Silva el 14 de febrero pasado en el expediente, en la que se preguntó retóricamente sobre los “verdaderos” motivos respecto de la demora en la homologación del acuerdo y deslizó que podría estar vinculada a un pago indebido para destrabarla. “Debo mencionar que he mantenido una breve conversación con el letrado del Sr. Fediuk, Dr. Aguilar, quien me hiciera saber de su pretensión de honorarios por su actuación letrada (aunque parezca increíble, requirió el pago de un millón de dólares!!!!) lo que a su juicio podría facilitar el progreso de la homologación del convenio; entiendo que dicho pedido (exorbitante e infundado en mi opinión) fue hecho también por el Dr. Aguilar ante otros letrados de las contrapartes. ¿Será que ese fue el verdadero ‘interés’ que siempre ha tenido en mira el ‘tercero interesado’? No puedo dar respuesta a ese interrogante. Tampoco puedo imaginar cómo, a los ojos de V.S., podría la satisfacción de aquella pretensión regulatoria del Dr. Aguilar facilitar la homologación del acuerdo. Al menos yo no alcanzo a advertir ninguna relación causal entre los honorarios del Dr. Aguilar y la homologación del acuerdo”, sostuvo en el escrito.
En un segundo escrito en reclamo por la demora en la homologación del acuerdo por parte del juez Stinco, Silva sugirió incluso que el requerimiento de los “honorarios” excedería a Aguilar: “Volvemos a preguntarnos: ¿por qué no se resuelve esta homologación de una vez por todas, pese a los años transcurridos, la resolución de Cámara y la evidencia probatoria? Además del inocultable interés arancelario del Dr. Aguilar, ¿habrá alguien más que podría estar interesado en dilatar y obstruir la homologación, hasta que se resuelva la cuestión de los honorarios del Dr. Aguilar? La respuesta a este último interrogante podría incluso ser institucionalmente tan grave, que creemos que lo mejor en esta instancia es insistir procesalmente con la continuación del trámite normal del expediente, si es que hay algo normal en una homologación cuyo tratamiento lleva ya más de diez años”.
Imagen aérea en la costa del Río de la Plata frente a Magdalena luego de producido el derrame en 1999
Imagen aérea en la costa del Río de la Plata frente a Magdalena luego de producido el derrame en 1999
Infobae consultó a Aguilar, quien negó rotundamente haber hecho un reclamo o pedido en este sentido, formal o informalmente. “Mis honorarios que son un derecho que la ley me acuerda, pero jamás fueron causa o motivo de demora alguna en la homologación o resolución del pago de Shell a Magdalena. No son siquiera nombrados o reclamados ni una vez en los más de once o doce años que actúe”, sostuvo este letrado especializado en Derecho Ambiental, que suele participar de foros nacionales e internacionales sobre la materia.
En efecto, según distintas fuentes consultadas por este medio, no hay un escrito pidiendo que se regulen sus honorarios en el expediente. Sin embargo, al menos dos personas con acceso a la causa coincidieron ante Infobae en que hubo algún tipo de planteo de Aguilar por ese tema. “La actividad de Aguilar en el expediente estuvo destinada a cobrar honorarios”, afirmó una de ellas.
“Desmiento totalmente ese pedido de honorarios”, reiteró Aguilar con tono indignado ante este medio, y apuntó contra el abogado del Municipio de Magdalena: “Es Silva quien está apurado por cobrar los 950.000 dólares previstos en el Acuerdo y por eso quiere que se homologue”.
En el último escrito presentado en la causa el mes pasado, este letrado afirmó que el Acuerdo firmado “omitió el destino, la preocupación, el resarcimiento y el destrozo de vidas y bienes hechos a todos los habitantes de Magdalena, y realmente desproporcionó de manera exponencial el monto asignado y convenido. El Acuerdo traído, solo buscaba una cifra para el Municipio, con destino incierto y ocuparse de regular los honorarios de los abogados, que luego fueron dejando lugar en todas las causas anexas en cabeza del doctor Silva la responsabilidad de percibirlos”.
Silva, que sigue siendo el abogado en representación del Municipio desde 1999, más allá del que se sucedieran tres intendentes de distinto color político, rechazó esa afirmación: “Es mentira, no hay ningún acuerdo. Hay un monto global previsto y somos varios letrados los que intervinimos.(Carlos Eduardo) Rojas, Gastón Messel, está también Alberto Piotti que nos asesoró en la presentación de los recursos extraordinarios. Tendremos que discutir cómo se distribuyen”.
Para Silva, “el juez podría homologar el Acuerdo y después resolver el pago de los honorarios de Aguilar por separado, pero de hecho, está atando ambos temas”. Y se quejó de que Stinco “le siga dando intervención en el expediente a Aguilar como ‘tercero’ con voz y voto, cuando ya la Cámara le rechazó la nulidad que había pedido del acuerdo con el argumento de que había daño ambiental. Le pedimos por escrito que lo corra como tercero del expediente”. Sin embargo, formalmente, Fediuk aún sigue estando, y por ende Aguilar como su patrocinante, ya que la Cámara le reconoció su carácter de parte.
“El juez ha dado señales por demás confusas. Hace 40 días que no hay ningún movimiento en el expediente, y hace 6 meses que se terminó con las últimas medidas. La última pericia incorporada a la causa corroboró lo que ya determinaron las anteriores, que no hay actualmente daño ambiental. ¿Hay una suerte de actitud impropia por parte del Aguilar y del Juzgado para no homologar el acuerdo?”, se preguntó el abogado de Magdalena.
Pero Aguilar negó buscar demorar el expediente cuando fue consultado por Infobae. “Nosotros nos presentamos para defender un tema ambiental de la comunidad. Porque el Acuerdo se hizo como si fueran solo dos particulares, el Municipio y Shell, cuando lo que está en el medio es público, y acordaron que no hubo responsabilidad del contaminante. Gracias a nuestra intervención, la Cámara pidió pericias adicionales. El juez nos llamó a esa audiencia de conciliación y ahora con mi cliente, estamos esperando que resuelva, ya sea homologando el Acuerdo, o de otra manera”.
En su última presentación del 17 de febrero último, este abogado fue muy crítico de la actuación de los letrados de Shell y el Municipio, y la cifra de indemnización acordada. “Las dos partes intervinientes (están) ávidas, una de terminar un resarcimiento que en orden mundial es tristísimo por el tiempo en hacerlo y mínimo monto, y la otra parte por percibir y buscar beneficios para su Municipio a costa del ambiente, y entonces cuentan sus historias conforme le conviene a cada uno de la mejor manera y quieren hoy a 23 años del ACCIDENTE, liberarse de sus responsabilidades, y lo que es peor aún, piden costas para el suscripto y amenazan con accionar con daños y perjuicios hacia el suscripto. (…) En verdad es el mundo al revés, y es por ello que no puedo dejar pasar esta oportunidad para que V.S. dicte una sentencia ajustada a derecho, condenando al contaminante de la manera más gravosa por haber actuado de manera negligente, y debería asignarle el mayor valor en el pago de la indemnización que considere pertinente en este expediente, en función de la estimación inicial de la demanda, y multa en intereses por el tiempo transcurrido sin pagar ni indemnizar”.
El destino previsto para el dinero
La petrolera holandesa ya pagó, anteriormente, otros reclamos económicos de terceros perjudicados por el derrame, entre ellos, de junqueros, pesqueros, pequeños comerciantes de la costa de Magdalena y vecinos afectados por enfermedades vinculadas al derrame petrolero. El Acuerdo entre Shell y el Municipio de Magdalena es el único que aún está pendiente de homologación. “Hay más de 523 causas individuales, que reclaman de la empresa un total de USD 360 millones, casi 40 veces lo que Shell pactó con el intendente para cerrar el caso”, recordó Aguilar en su último escrito presentado en el Juzgado a cargo de Stinco.
En el Acuerdo firmado con el Municipio de Magdalena se establece que, además de la reparación económica, Shell brindará “su colaboración desinteresada y no vinculante” para asesorar en el diseño de “un plan de explotación integral en materia turística y de esparcimiento en el tramo comprendido entre los balnearios de Magdalena y Atalaya”, un parque industrial en Magdalena, y un programa de tratamiento de los residuos sólidos domiciliarios generados dentro de este partido bonaerense.
En otros derrames en el mundo, la reparación económica pagada por las petroleras involucradas fue muy superior al monto que Shell acordó pagar en Argentina para cerrar la causa. En el desastre provocado por el petrolero Exxon Valdez, tras encallar en Alaska en 1989, la empresa debió pagar USD 5.000 millones por los daños ocasionados. Y en el derrame de petróleo en Galicia provocado por el hundimiento del buque petrolero Prestige en 2002, cuando se afectaron casi 2000 kilómetros de costa española, francesa y portuguesa, se fijó una indemnización de 3.000 millones de euros.
¿Cree que el monto de USD 10 millones es suficiente como reparación económica por el derrame?, le preguntó Infobae a Peluso. “Es irrisorio comparado con otros eventos de este tipo en el mundo. Pero el Municipio quedó solo cuando fue derrame. Ni la Provincia, ni el Ministerio de Medio Ambiente de la Nación (NdR: en ese momento a cargo de María Julia Alsogaray, durante el gobierno de Carlos Menem) acompañaron la demanda contra una multinacional como Shell. En el derrame de Alaska demandó el gobierno federal y los estados locales. Fue una pelea David contra Goliat. Hubo una primera sentencia en 2002 de cerca USD 80 millones de dólares en la Justicia Federal de La Plata, donde estuvo radicada la causa al principio. Pero ese fallo fue apelado por Shell, al juez lo removieron, y perdió validez”.
La petrolera holandesa cuestionó la competencia de la Justicia federal platense y, en 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de cinco años de apelaciones, resolvió en favor de Shell. El expediente pasó entonces a la Justicia Nacional Federal que atiende temas marítimos.
El intendente de Magdalena descartó de plano la posibilidad de una reapertura del Acuerdo para volver a discutir sus términos, si la Justicia no lo homologa tal como fue firmado en 2009. “Yo fui uno de los tres dirigentes que en ese momento, nos opusimos al monto del Acuerdo por lo que creo que tengo cierta legitimidad en reclamar que se cierre. Hubo un Estado local que lo firmó y luego fue avalado por una consulta popular – la primera que se llevó a cabo en el país desde la reforma constitucional de 1994-, y además, aprobado por unanimidad por el Concejo Deliberante donde estaban representadas las distintas fuerzas políticas. Y hay que tener en cuenta, que 20 años después, las pericias corroboraron que ya no hay daño residual, y muchos de los más perjudicados en ese momento, ya no viven”.
